Durante este período, la venta de viviendas en la Región Metropolitana experimentó un aumento del 11% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, destacando especialmente el desempeño de departamentos y casas. Sin embargo, las cifras de 2024 aún muestran un rezago frente a los promedios históricos previos a la pandemia.
“Durante 2024, la demanda continuó débil, con una caída del 8% respecto a 2023 y de casi un 30% en relación con el promedio de los últimos 10 años”, explicó Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC.
En cuanto al desglose de ventas, los departamentos tuvieron el mejor desempeño, alcanzando las 5.500 unidades vendidas en la Región Metropolitana durante el cuarto trimestre de 2024, mientras que la venta de casas llegó a 824 unidades. Las comunas de La Florida y Ñuñoa lideran la venta de departamentos, seguidas por Santiago Centro.
Con el objetivo de aumentar las ventas, y en un contexto donde las inmobiliarias buscan diferenciarse para captar clientes, las empresas que se destacan por sus altos niveles de satisfacción son aquellas certificadas por Best Place to Live®. Estas inmobiliarias han logrado atraer un 15,9% más de clientes que el resto del mercado.
“El cliente inmobiliario tiene cada vez mayor acceso a la información, por lo que busca opciones que le transmiten confianza. Las inmobiliarias certificadas están logrando una fuerte diferenciación en el mercado, ya que son los propios clientes quienes evalúan su experiencia de compra. Las personas prefieren invertir en empresas con clientes felices para evitar riesgos”, señala Javier Jory, gerente comercial de Best Place to Live Store.
Desde la CChC, precisaron que uno de los principales desafíos para reimpulsar la actividad inmobiliaria es revertir la menor oferta de viviendas que se prevé a corto plazo. A diciembre de 2024, las viviendas autorizadas mediante permisos de edificación se mantienen en mínimos históricos.
En este sentido, Nicolás León destacó que “es urgente que el Congreso tramite con rapidez el proyecto de ley que ingresó el Gobierno para movilizar la demanda y explorar medidas nuevas que permitan reducir el costo del crédito hipotecario y el porcentaje de pie que aportan las familias. Simultáneamente, deben concretarse esfuerzos para reducir la permisología y elevar la certeza jurídica”.
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